Reflexiones sobre el crecimiento del Estado y la representación política en Uruguay - por Juan Carlos Nogueira

Hace casi dos siglos, Alexis de Tocqueville advirtió que las democracias podían degenerar en un “despotismo suave”: no por la abolición de la libertad, sino por la expansión progresiva de una administración pública que termina tutelando a la sociedad en nombre de ella misma.

Uruguay encaja cada vez más en esa advertencia. Según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el aparato estatal ha seguido expandiéndose, conincrementos significativos de cargos y funciones en períodos relativamente breves. En paralelo, el gasto público crece de forma persistente y el déficit fiscal se mantiene en torno al 4%–5% del PBI. No se trata de un fenómeno puntual, esta tendencia se constata desde hace décadas. El Estado sigue expandiéndose incluso en períodos de bajo crecimiento económico.

Frédéric Bastiat lo formuló sin eufemismos: el Estado es “la gran ficción mediante la cual todos

intentan vivir a costa de todos los demás”. Quienes ocupan cargos electivos deberían ejercer un servicio público. Sin embargo, en la práctica, una parte creciente del sistema ha reemplazado esa función por un objetivo de preservación corporativa del poder.

Se dicen "servidores públicos" y llaman condescendientemente al resto: "el soberano". Sin embargo, mientras ellos determinan sus propios salarios y prebendas, "el soberano" (¡vaya soberanía!) paga los impuestos que ellos fijan.

No es casual que algunos de sus propios integrantes se autodenominen sin pudor “clase política”. La expresión no es inocente: implica la existencia de un grupo diferenciado del resto de la sociedad, con intereses propios, reglas propias y una lógica de reproducción propia. Pero el nombre correcto es otro, y conviene decirlo sin eufemismos ni rodeos: casta.

Se trata de una estructura que trasciende partidos, ideologías y ciclos electorales. Oposición y oficialismo conviven en una relación simbiótica que permite que la casta prospere. Cambian los gobiernos, pero el incentivo central permanece: conservar posiciones, expandir áreas de influencia y sostener privilegios financiados por el contribuyente. Ludwig von Mises ya había señalado en su libro Bureaucracy que la expansión del Estado genera grupos cuyo interés principal pasa a ser la expansión de la propia burocracia.

Friedrich Hayek, al igual que Mises integrante de la escuela austríaca de economía, advirtió en The Road to Serfdom que la concentración del poder económico y administrativo transforma al Estado en un botín cada vez más atractivo para quienes buscan controlarlo.

Murray Rothbard fue aún más directo: el Estado funciona como un mecanismo de extracción coercitiva que consolida alianzas entre políticos, burócratas y grupos favorecidos. Dos siglos después, estas advertencias conservan vigencia, pero lamentablemente, en gran medida ha sido ignoradas.

El debate sobre el tamaño del sistema político reaparece periódicamente, pero suele evitar el problema de fondo: la hipertrofia institucional. En Uruguay, la relación entre representantes y población es significativamente más alta que en países de gran escala. Más allá de las comparaciones puntuales, el dato relevante es que tenemos una estructura política sobredimensionada para el tamaño del país y su capacidad productiva.

El problema no es sólo la cantidad de cargos públicos, sino la arquitectura institucional con múltiples niveles de gobierno, duplicación de funciones y superposición de estructuras administrativas. Otro aspecto llamativo es el nivel de remuneración de los cargos legislativos y gubernamentales. Cuando se cuestionan los costos del sistema político, aparece un argumento recurrente: los buenos sueldos serían necesarios para evitar que “solo los ricos o los delincuentes puedan hacer política”.

El argumento es cómodo, pero intelectualmente débil. Plantea una falsa dicotomía como si no existieran alternativas institucionales intermedias: transparencia en el financiamiento, reglas de elegibilidad, controles de integridad o mecanismos de profesionalización de la función pública. Los salarios elevados no impiden la corrupción. Ya hemos presenciado casos de políticos, con excelentes remuneraciones, procesados y condenados. Tampoco impiden que poderosos logren acceder a cargos mediante inversiones en las campañas. Un argumento más defendible para estas altas remuneraciones, sería poder captar la excelencia que de otra forma iría al sector privado. Sin embargo, estos altos salarios tampoco parecen garantizar la excelencia generalizada.

Según un artículo de prensa (1), apenas 62 de los 99 diputados tienen educación universitaria; y el Senado cuenta apenas con 8 abogados, todos de la oposición. En el gabinete la correspondencia entre cargo y formación presenta algunos casos curiosos: En Defensa, una cantante de tango; en Relaciones Exteriores, un periodista; en Transporte, una asistente social; en Medio Ambiente, un profesor de historia; en Trabajo, un sindicalista; en Desarrollo Social, un estudiante no recibido; y en Vivienda, una socióloga.

Sin desmerecer las profesiones de cada uno de los ministros y aunque los ministerios sean cargos esencialmente políticos, resulta legítimo preguntarse si determinados puestos no deberían requerir además conocimientos específicos vinculados al área que administran. Tal vez sería oportuno establecer por ley, los requisitos mínimos de formación para los cargos de legislador, ministro, directores de entes y otros puestos de relevancia. No parece exagerado exigir determinadas acreditaciones de formación en administración pública, derecho constitucional o economía para quienes aspiren a ejercer cargos de alta responsabilidad. Resulta llamativo que no existan tales requisitos para la casta, mientras que sí se exigen certificaciones estrictas para funciones administrativas, incluso las de bajo nivel. La política no es una profesión técnica, pero administra decisiones técnicas de altísimo impacto.

Ignorarlo tiene consecuencias en la calidad del gobierno. Y las estamos experimentando. A la estructura nacional se suman gobiernos departamentales con sus propias burocracias, ediles y direcciones. Y a todo esto se suman los municipios, con alcaldes y concejales. La estructura actual parece responder más a capas sucesivas de decisiones políticas que a una planificación institucional racional.  Para un país de 3,5 millones de habitantes ¿es necesario semejante nivel de complejidad? La razón no parece ser funcional, sino un mecanismo que la casta emplea para mantener su estructura de cuadros. Mientras tanto, los productores y contribuyentes reclaman bajar el costo del Estado.La casta responde prometiendo soluciones (sobre todo durante las campañas electorales). Pero las soluciones que propone suelen crear más Estado; y en raras ocasiones agilizar algún trámite con efecto marginal en una administración cada vez más laberíntica y kafkiana.

En suma:

El problema no es la existencia del Estado, sino su transformación en un sistema que tiende a expandirse más allá de lo que la sociedad puede y está dispuesta a sostener. Cuando el Estado crece más rápido que la economía que lo financia, la discusión deja de ser ideológica y pasa a ser pragmática. ¿Hasta cuándo seguirá sosteniéndose un aparato estatal cada vez más costoso mediante endeudamiento y presión fiscal creciente? "El soberano" está dejando de sentirse representado. Así lo muestran las encuestas de opinión (2). El descontento creciente es tanto con el gobierno (48%), como con la oposición (46%). Existe malestar con el sistema político en su conjunto, acompañado por niveles elevados de desinterés y descreimiento político.

La casta, mientras tanto, se reproduce...

Referencias:

(1) https://www.elpais.com.uy/narrativas-visuales/nuevo-parlamento-conoce-las-edadesprofesiones-

los-estudios-y-quienes-son-los-que-llegan-por-primera-vez

(2) Encuestas de Equipos Consultores y Factum