Conforme se acerca el fin de año, queremos desearles a todos los damnificados por las causas Conexión Ganadera, República Ganadera, Grupo Larrarte y Portfolio Capital unas “felices” fiestas. O, al menos, que puedan atravesarlas de la mejor manera posible.
En la causa Conexión Ganadera, si en 2024 se hablaba de una estafa sostenida durante 25 años, finalizamos el año 2025 afirmando que ya son 26 años ininterrumpidos.
Para empeorar la situación, de esos 26 años, 2025 fue el que dejó más en evidencia el rol del Estado en su totalidaddentro de esta estafa multimillonaria. Un año en el que —a cielo abierto— la fiscalía, el síndico y la clase política en su conjunto, a nuestro juicio, operaron en favor de los delincuentes de esta causa: la familia Basso-Cabral y la familia Carrasco-Iewdiukow.
Además de ellos, el sistema operó en favor de todos los actores principales de esta estafa, muchos de los cuales ni siquiera han sido citados a fiscalía. Personas como J. Cunietti, Alfredo Rava, Agustina y Candelaria Basso, y muchos más que no nombraremos para no aburrir a la audiencia.
En lo que concierne al síndico, nos encontramos con una persona que continúa cobrando un suculento sueldo y que aún no ha sido capaz de informar cuánto dinero se nos debe ni cuántos damnificados somos, pero que sí tuvo tiempo para acordar con Fricasa una quita de más del 60 % de la deuda, a 12 años, y de espaldas a lo planteado por los damnificados.
Fricasa robó dinero, pagará menos de la tercera parte —si es que paga— a 12 años, y sus gerentes no enfrentarán consecuencias penales. Como si esto fuera poco, se probó que en 2025 Fricasa continuó la estafa, girando dinero a cuentas de Alfredo Rava y Agustina Basso. Nadie parece pagar consecuencias, gracias a una clase política y a un Estado que lo permiten.
Sobre el fiscal Enrique Rodríguez, sobran las palabras y también la indignación. Permitió que Daniela Cabral se encuentre al día de hoy en prisión domiciliaria en un edificio de lujo que no le pertenece, cuando desde el primer semestre del año existen en su carpeta investigativa pruebas fehacientes de lavado de activos, mediante la compra de Cuchilla de Silveira, junto al ya mencionado Sr. Cunietti y su hija menor.
Daniela Cabral, estando en prisión domiciliaria, movió millones de dólares a través de su cuenta en Scotiabank, y nada sucedió.
El fiscal considera que no nos debe ningún tipo de explicaciones por su investidura. Honestamente, pensamos lo contrario. A día de hoy, un año después, sigue sin enviar un exhorto a Estados Unidos, alegando “falta de dinero para pagar la traducción”. Si los damnificados dudamos de su honorabilidad y sospechamos de intereses ocultos, es porque sus propios accionar generan esas sospechas.
Capítulo aparte merecen los abogados y la clase política. Instituciones como INAC y MGAP acompañaron a Conexión Ganadera en todo tipo de eventos, la respaldaron institucionalmente y desaparecieron cuando el escándalo estalló.
Los políticos no hablan del tema; simplemente lo ignoran. Estamos hablando de dinero robado a ahorristas uruguayos que asciende a más de quinientos millones de dólares, sumando los tres fondos, y sin embargo no existe debate público alguno.
“Líderes” políticos guardan silencio mientras, al mismo tiempo, en sus propios partidos hay abogados que cobran cifras millonarias, sabiendo que ese dinero pertenece a los ahorristas damnificados. No solo eso: continúan colaborando para que sus clientes no solo se salgan con la suya, sino que sigan robando.
Se va este 2025 y llega un 2026 idéntico. Porque el paisito es así. Porque acá todo pasa. Porque nos disfrazamos de buenos, pero detrás de ese disfraz somos una sociedad profundamente injusta, liderada por una clase política que vive del contribuyente y solo persigue sus lucros espurios a espaldas del pueblo.
Una sociedad donde la justicia no existe y donde los ricos y poderosos hacen lo que quieren, a la vista de todos, sin que a nadie parezca importarle. Una sociedad, lamentablemente, dormida.
Las causas Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte deberían importarnos a todos, no solo a los damnificados, porque muestran de forma explícita que Uruguay es un territorio liberado, y que nadie está a salvo.
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