El caso de los hold outs de
Argentina es un caso digno de estudio. El gobierno argentino ha
tenido seis años de gracia por parte de la Justicia norteamericana
para dar muestras de su buena fe, sin embargo no ha pagado ni ha
demostrado estar interesado en negociar con dichos acreedores ¿Qué
es lo que se encuentra en juego en los próximos diez días? Nada más
ni nada menos que el futuro financiero de un país de 40 millones de
habitantes. Independientemente de la mala imagen con la que ya cuenta
Argentina a nivel internacional, las consecuencias preocupantes de un
nuevo default no son pocas.
Revisemos un poco la génesis del
problema. El 23 de diciembre de 2001 Argentina entró en default por
un valor de 144.000 millones de dólares. Dicha cesación de pagos se
ha convertido en la más larga de la historia financiera moderna y
los títulos de deuda pública emitidos por el estado argentino
siguen en su amplia mayoría sin ser pagados hasta el día de hoy.
En 2005 y en 2010 Argentina logró
– de manera muy poco diplomática por cierto – gestionar quitas a
sus deudas. Aquellos acreedores que accedieron a las quitas
totalizaron el 92,4% de la deuda y se los conoce internacionalmente
como hold ins. El 7,6% restante, que no accedieron a las quitas y hoy
intentan cobrar judicialmente el valor nominal acordado
voluntariamente por Argentina, son internacionalmente conocidos como
hold outs y fueron despectivamente apodados “fondos buitre” por
el aparato propagandístico de la administración de Fernández de
Kirchner y todos los países latinoamericanos alineados con Cuba.
Para entender mejor el trasfondo
jurídico del caso, resulta de fundamental importancia entender
primeramente que Argentina,
buscando brindar algún tipo de garantía, acordó con sus acreedores
extranjeros y locales emitir bonos regidos bajo las leyes vigentes de
los Estados Unidos de América. Y que además firmó una cláusula
que la exime de la inmunidad soberana de la que hoy tanto hace
alarde. En dicho contexto, los hold douts (NML Capital, Aurelius
Capital, y demás actores individuales) procedieron a reclamar al
Banco Central de la república Argentina el pago de los bonos
vencidos. Ante la falta de pago decidieron llevar el caso a la
justicia y el 7 de diciembre del 2011 el Juez estadounidense Thomas
Griesa falló a favor de los demandantes y declaró que Argentina
había violado la cláusula de pari
passu
– al crear dos categorías de acreedores, los hold ins y los hold
outs, y al intentar darle dos tratamientos diferentes – ordenando
así al gobierno argentino a pagar la totalidad de lo adeudado a los
tenedores de bonos en default.
El gobierno argentino apeló esta
decisión ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. El 26 de
octubre de 2012, dicha corte confirmó la sentencia del juez Griesa.
Cristina Fernández de Kirchner ordenó entonces apelar la decisión
ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En agosto de 2013 la
Cámara de apelaciones dejó la decisión en manos de la Corte
Suprema de hacer lugar o no al pedido del país sudamericano. El
monto involucrado en este pedido es de US$ 1330 millones. El
pasado 15 de junio la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
rechazó revisar el caso argentino.
Con lo cual Argentina volvió a la posición inicial, debiendo pagar
el referido monto a los tenedores de bonos que no aceptaron las
condiciones de quita de los años 2005 y 2010.
Según la ley norteamericana,
embargables son todos aquellos activos
que tienen tres características: a) Son propiedad del gobierno
demandado b) Son utilizados para actividades comerciales en los
Estados Unidos y c) Se encuentran en territorio norteamericano. Tal
es claramente el caso del dinero destinado
a pagar los compromisos contraídos con los acreedores que sí
aceptaron los canjes de deuda (hold ins). En suma, si Argentina –
embargo mediante – no puede usar esos fondos para pagar los bonos
de los hold ins, volvería
a tener que declararse nuevamente en default.
Ante este complicado escenario,
el juez Thomas Griesa nombró al abogado Daniel Pollack para que
"conduzca y presida" negociaciones entre las partes. Bruce
Wolfson, abogado del estudio Bingham LLT, comunicó oficialmente que
"negociar un acuerdo es la respuesta correcta para todos".
La respuesta no se hizo esperar: "La República Argentina pedirá
al juez una medida suspensiva de la sentencia que obliga a pagar el
total de lo adeudado a los fondos buitres", explicó el ministro
de Economía Axel Kicillof, en conferencia de prensa. Agregando:
"Tenemos que cumplir con los compromisos y contratos firmados
con todos los bonistas, los que ingresaron al canje y los que no.
Argentina pagará a la totalidad de los acreedores en condiciones
justas, equitativas y legales, en el marco de nuestra Constitución".
Resulta interesante notar que estas declaraciones contradecían el
discurso del mismo ministro cuando en su momento expropiara YPF a la
petrolera española Respol, y que por su parte la presidente de
Argentina saldría a los pocos días en cadena nacional a hablar de
“extorsión” por parte de los “fondos buitre” y repitiendo
que no se les pagaría. Los hold outs por su parte manifestaron estar
dispuestos a aceptar un pago parcial en efectivo y cambiar sus bonos
por otros de corto vencimiento por el resto de lo adeudado.
Importa también recordar que
para complicar aún más las cosas, cuando se “negociaron” los
canjes de deuda, el gobierno argentino
ofreció a los hold ins una cláusula contractual (cláusula RUFO)
por la cual se abstiene de
mejorar cualquier oferta futura bajo pena de extenderla a todos los
demás acreedores,
condición que rige hasta el 31 de diciembre del corriente año. Al
respecto, la amplia mayoría de los analistas legales explican que en
caso de pago a los hold outs, no se trataría de una mejora de
oferta, sino que simplemente estaría el gobierno argentino acatando
una orden judicial. En suma, la cláusula RUFO no debería ser motivo
de preocupación para administración Fernández de Kirchner.
Por el
momento la Casa Rosada ha ordenado a sus representantes que ni
siquiera se sienten a dialogar con los hold outs y ya presume por
medio de la prensa adicta a la pauta oficial con la idea de llevar a
los Estados Unidos ante la corte de La Haya. La posibilidad de un
default financiero abre la clara posibilidad de un default político,
poniendo así en jaque la continuidad de un gobierno que, para decir
lo menos, ha sido particularmente intransigente ante la comunidad
internacional y en relación a los derechos de sus propios
ciudadanos. Experiencias similares de holdouts en la región, tal
como el caso de la demanda judicial de Elliott Associates contra la
República del Perú en la década del noventa, que presionaron
judicialmente a la administración Fujimori a negociar y lo lograron,
pese a los múltiples intentos de evitarlo y la apelación constante
a cuestiones de soberanía.
El 30 de julio de 2014, es decir
en exactamente 10 días, el gobierno de Argentina deberá haber
pagado la deuda o negociado con los hold outs. Caso contrario, el
juez Griesa procederá a embargar los fondos girados por el gobierno
argentino al Banco de Nueva York para pagar la deuda de los bonistas
que aceptaron los canjes. Éstos no cobrarían y Argentina entraría
en el octavo default de su historia. Las opciones están hoy más
claras que nunca: negociar o ser historia.
*
Felipe Caorsi es Director de Programas de la Fundación HACER en
Uruguay.
Fuente:
HACER
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