La confianza pública no depende solo de la legalidad de las decisiones, sino también de la ejemplaridad, la idoneidad y la austeridad de quienes gobiernan.
En un artículo anterior analicé algunos de los sesgos cognitivos que pueden distorsionar las decisiones humanas, en particular las políticas, y su efecto en la desaprobación de un gobierno. Son mecanismos que pueden operar incluso sobre personas inteligentes, informadas y convencidas de estar haciendo lo correcto.
Pero existe otra fuente de desconfianza, más directa y ajena a los sesgos cognitivos: la conducta de quienes ejercen el poder.
Un ciudadano puede aceptar una mala decisión si entiende que fue tomada de buena fe, con información razonable y pensando en el interés general. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es que quienes toman las decisiones parezcan someterse a reglas distintas de las que aplican a los demás.
La política no se juzga únicamente por sus resultados inmediatos. También importan la dimensión moral y la responsabilidad de quienes toman las decisiones. Tocqueville sostenía que las democracias, además de leyes e instituciones, necesitan hábitos y costumbres que las sostengan. Las instituciones pueden permanecer formalmente intactas y, sin embargo, perder su eficacia cuando se deterioran las costumbres que les dan vida. Weber, por su parte, distinguió entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Quien gobierna no responde solamente por sus intenciones, sino también por las consecuencias de sus actos.
Ninguna ley puede obligar a los ciudadanos a confiar en quienes los gobiernan. Esa confianza depende de las decisiones que se toman, de las explicaciones que se ofrecen y de la coherencia entre lo que se exige a la sociedad y lo que hacen las autoridades. Cuando se pierde, recuperarla es muy difícil.
La democracia representativa también depende de la credibilidad de las promesas electorales. Cuando un candidato incumple lo que anunció, la ciudadanía tiene derecho a pedir explicaciones. Si las promesas se consideran simples recursos de campaña, la palabra del candidato pierde valor y el voto puede terminar convirtiéndose en un acto de confianza mal correspondida.
Un político puede cambiar de opinión. Una vez en el gobierno, puede encontrarse con una realidad diferente de la que esperaba durante la campaña. Pero no debería suponer que el ciudadano considerará irrelevante el incumplimiento de una promesa. Cuando no es posible cumplir lo anunciado, corresponde explicar con claridad las razones.
Durante la campaña electoral, Yamandú Orsi afirmó que su gobierno no aumentaría los impuestos, incluidos los tributos existentes. Posteriormente, el gobierno impulsó modificaciones tributarias que fueron cuestionadas por la oposición y por distintos sectores de la ciudadanía, que las consideraron incompatibles con aquel compromiso electoral. El episodio puso en discusión la credibilidad de las promesas realizadas durante la campaña.
La segunda fuente de desconfianza es más delicada: se relaciona con la conducta personal de quienes ocupan cargos públicos. Un gobierno no se evalúa solamente por las leyes que aprueba o por los indicadores económicos, sino también por el comportamiento de sus integrantes y por la coherencia entre sus actos y las exigencias que plantean a la sociedad.
En este terreno conviene distinguir entre legalidad y ejemplaridad. Que una conducta no constituya un delito no significa que carezca de relevancia política. Quien ocupa un cargo público puede actuar dentro de la ley y, aun así, generar dudas sobre su prudencia, su austeridad o su transparencia.
El episodio de la camioneta Hyundai adquirida por el presidente Orsi generó cuestionamientos sobre las circunstancias de la operación, y más aún, sobre las explicaciones posteriores, incluida la rifa de un automóvil donado. Orsi sostuvo que no había cometido un error y señaló que, si existía alguna irregularidad, deberían determinarla los organismos de control. Finalmente, declaró que donaría la camioneta a un organismo estatal, considerando que con eso aplacaría el escándalo.
No es necesario afirmar que hubo una ilegalidad para comprender el problema político. La cuestión relevante es la percepción ciudadana. ¿Qué impresión puede producir en un ciudadano que el presidente de la República reciba un beneficio de esa magnitud en una operación privada y que, al explicar el descuento, diga que “se tira de cabeza”? La pregunta no presupone una ilegalidad, pero sí plantea una cuestión de criterio y ejemplaridad.
Puede haber una explicación perfectamente legítima. Pero en política la percepción es fundamental. Vale la pena recordar el relato de Plutarco sobre la mujer del César: no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. Cuanto mayor es la responsabilidad de quien protagoniza un episodio, mayor es también la exigencia de ejemplaridad.
Algo semejante ocurrió con Cecilia Cairo. La entonces ministra de Vivienda debió renunciar después de que se conociera que su vivienda no estaba regularizada y que había pagado una suma mínima por concepto de Impuesto de Primaria durante un período prolongado. Cairo sostuvo que no había cometido un delito, reconoció que debía regularizar la situación, anunció que pagaría lo adeudado y renunció.
Aquí conviene separar dos cuestiones. Una es jurídica y corresponde a las autoridades competentes determinar si existió una infracción. Otra es política e implica si esa conducta era compatible con la responsabilidad de quien debía conducir el Ministerio de Vivienda. En democracia, el ciudadano no necesita un fallo judicial para formar opinión. El estándar para permanecer en un cargo público puede ser más exigente que el mínimo necesario para evitar una sanción.
Y no se trata solamente de ministros. En 2025, la renuncia de Alejandra Koch a la vicepresidencia de la Administración Nacional de Puertos también generó cuestionamientos, luego de que participara en una decisión que incluía el ascenso de su esposo, con el consiguiente aumento salarial, y el de otros funcionarios vinculados al Partido Socialista.
Más allá de que haya existido o no una ilegalidad, ¿cómo puede interpretar esa situación un ciudadano? La participación de una jerarca en una decisión que beneficia salarialmente a su esposo puede generar una percepción de favoritismo, incluso de nepotismo, aunque la decisión pudiera haber sido formalmente correcta.
Los conflictos de interés, o incluso la apariencia de que puedan existir, plantean otro problema para la confianza pública. El caso de los Bañados de Carrasco generó cuestionamientos por la relación entre los antecedentes profesionales de un jerarca del Ministerio de Ambiente y los intereses de un empresario vinculado con un proyecto en la zona.
El episodio adquirió particular sensibilidad porque el actual subsecretario de Ambiente, Óscar Caputi, había trabajado anteriormente para Costantini como responsable de estudios ambientales y como apoderado para realizar gestiones ante organismos públicos. Al conocerse ese antecedente y generarse cuestionamientos sobre la eventual imparcialidad, Caputi se excusó de intervenir en determinados asuntos vinculados con empresas relacionadas con el empresario. Pero, al continuar desempeñándose como subsecretario, la suficiencia de esa excusación fue cuestionada. Posteriormente, los Bañados volvieron a quedar bajo protección ambiental.
La secuencia de acontecimientos plantea dudas acerca de por qué se levantó inicialmente la protección, por qué Costantini presentó su proyecto apenas horas después, qué papel tuvieron sus gestiones anteriores y si estas influyeron en las decisiones de los jerarcas del ministerio.
La misma cuestión puede plantearse desde la perspectiva del uso de los recursos públicos. El INAU destinó a pagos extraordinarios a sus funcionarios unos $140 millones correspondientes a recursos presupuestales de 2025 que no habían sido ejecutados. Incluso si el mecanismo pudiera estar dentro de las reglas presupuestales aplicables, el ciudadano se pregunta si es razonable que un excedente de recursos públicos termine destinado a pagos extraordinarios dentro del propio organismo. Máxime cuando existen otras necesidades que también requieren atención.
La confianza también se debilita cuando las designaciones parecen responder más a la afinidad política que a la preparación necesaria para el cargo. Un ministro no tiene que ser un especialista en cada aspecto técnico de su cartera. Pero debe contar con la formación, la experiencia y el criterio suficientes para comprender los problemas que administra, elegir asesores adecuados y asumir la responsabilidad de sus decisiones. Cuando la distancia entre la preparación del jerarca y la complejidad de la responsabilidad que asume parece demasiado grande, o cuando la designación se explica principalmente por la pertenencia política, comienza la desconfianza.
El caso de Defensa Nacional permite plantear esa discusión sin convertirla en un juicio sobre la persona. Sandra Lazo tiene una extensa trayectoria parlamentaria y política y se ha ocupado durante años de asuntos vinculados con la defensa. Pero la experiencia política en una materia no es necesariamente equivalente a la formación requerida para conducir una estructura que comprende las Fuerzas Armadas, la estrategia militar, la seguridad nacional y las relaciones internacionales. La cuestión es si la preparación y experiencia de quien ocupa el cargo son las adecuadas para la responsabilidad que implica el Ministerio de Defensa Nacional.
La discusión adquirió otra dimensión durante el episodio Cardama. Dos personas presentadas como asesores de confianza de la ministra realizaron tareas de indagación relacionadas con militares, y accedieron a material sensible pese a que, según se informó posteriormente, no mantenían un vínculo formal con el Ministerio. La oposición llevó el asunto a la Justicia, denunciando presuntos delitos.
Naturalmente, una denuncia no equivale a una condena. Pero el episodio vuelve a plantear una cuestión de fondo que no pasa desapercibida a la población. Aparecen dudas sobre si el criterio de selección de los responsables de las áreas más sensibles del Estado cumple con las exigencias formales y si considera debidamente la preparación necesaria para desempeñar esas funciones. No deja de llamar la atención que, para cargos administrativos de mucho menor jerarquía y responsabilidad, se exijan requisitos que no necesariamente se consideran para quienes ocupan las máximas responsabilidades.
La ciudadanía puede aceptar que un gobierno se apoye en personas de confianza política. Lo que resulta más difícil de aceptar es que esa confianza parezca sustituir por completo a la idoneidad, a los controles institucionales o a las responsabilidades formales.
También existe una fuente de desconfianza vinculada con el uso de los recursos públicos y la percepción de privilegios. Los viajes oficiales son un buen ejemplo. En términos presupuestales, un pasaje aéreo o un viático puede representar una cantidad insignificante dentro del gasto del Estado. Pero políticamente puede tener un peso muy diferente. El ciudadano, que paga sus impuestos, controla el precio de cada compra y posterga gastos porque no puede afrontarlos, puede mirar con suspicacia los viajes de autoridades, los viáticos o determinadas condiciones de alojamiento.
El problema no son los viajes en sí. Un presidente tiene que viajar; también un canciller. Otros funcionarios tienen que cumplir misiones oficiales. La cuestión es qué nivel de gasto resulta razonable y qué diferencia existe entre lo necesario para cumplir una función y lo que puede percibirse como privilegio.
Por eso, los cuestionamientos a determinados viajes del canciller —por sus gastos y por las condiciones de sus frecuentes estadías en Roma— adquieren una dimensión que va más allá del monto efectivamente gastado. El problema no está necesariamente en que esos viajes sean injustificados ni en que exista una irregularidad, sino en lo que transmiten a una ciudadanía que observa con atención cómo se utilizan los impuestos que paga.
La misma cuestión se plantea respecto de los parlamentarios. Un gasto puede ser reglamentario y, aun así, generar cuestionamientos si no se explica adecuadamente su necesidad, su monto o su relación con la función que debe cumplirse. La transparencia no consiste solamente en demostrar que se siguieron las reglas, sino también en ofrecer información que permita comprender las decisiones.
La percepción de falta de austeridad también puede surgir de los gastos asociados con celebraciones, recepciones, obsequios, traslados y otras actividades no esenciales. Cada uno puede representar un importe reducido, pero su acumulación puede generar la impresión de que las autoridades no administran los recursos con el mismo cuidado que se exige a los ciudadanos.
Los cuestionamientos anteriores adquieren mayor sensibilidad en un contexto de dificultades económicas y de revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento. Cuando la economía requiere austeridad, pero el gobierno no la aplica a sí mismo, resulta inevitable que quienes pagan los impuestos sientan indignación.
Los episodios pueden parecer aislados. Una promesa incumplida, una explicación insuficiente, una ventaja personal difícil de justificar o un gasto que parece innecesario no tienen necesariamente la misma gravedad. Pero cuando se acumulan, dejan de ser percibidos como hechos independientes. Lo que empieza a evaluarse es la conducta general de quienes gobiernan y la coherencia entre las reglas que proclaman y las decisiones que adoptan.
La desaprobación no necesita una condena por corrupción ni la demostración de una mala intención. Basta con la pérdida de confianza, con la sensación de que quienes tienen el poder ya no se consideran obligados por los mismos estándares que exigen a los demás.
Juan Carlos Nogueira
Fuente: El Correo de los viernes (Uruguay)
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