La Verdad detrás del "Caso Seamos" y la Defensa de la Maternidad Vulnerada
En el ámbito de las políticas públicas, el apego a viejos paradigmas a menudo cobra víctimas. Pero pocas veces el castigo a la innovación ha sido tan brutal como en el caso de la ONG Seamos.
Lo que se presentó ante la opinión pública en 2020 como un «escándalo de adopciones ilegales», fue en realidad una tergiversación de un diario, de una herramienta jurídica y social pionera: la protección del vínculo entre padres con discapacidad intelectual y sus hijos.
Esta es la historia de cómo se intentó destruir una gestión avalada por la Justicia de Familia para convertirla en munición política, ignorando el daño irreparable causado a los colectivos más vulnerables.
El Modelo: "Familia Articulada" vs. la mentira de la "entrega"
El núcleo de la difamación se centró en los "Acuerdos de Tenencia". La narrativa mediática, impulsada por un medio de prensa escrita y actores políticos, instaló la idea de una "venta" o "entrega" de niños. La realidad fáctica y jurídica es diametralmente opuesta.
Lo que la ONG Seamos gestionó, bajo la estricta homologación de los juzgados de familia y con conocimiento de los defensores de oficio, fue un modelo de apuntalamiento. Ante la realidad de cuatro padres con discapacidad que el sistema tradicional hubiese separado de sus hijos. La Fundación Seamos creó redes de apoyo (voluntarios, familiares y familias solidarias) para evitar la desvinculación y buscar el bien superior de los niños.
- No eran adopciones: Los acuerdos explícitos buscaban no desvincular a padres e hijos.
- Transparencia: Todo se hizo con protocolos, con el aval de equipos multidisciplinarios y debates académicos (como el realizado en el Aula Magna de la Facultad de Psicología en 2011).
- Antecedentes públicos: La metodología estaba documentada incluso en el film documental premiado "María que vienes del sol", declarado de Interés Nacional por Presidencia de la República y auspiciado por MIDES y MEC. Nada era oculto.
La anatomía de una operación mediática (2015–2020)
Para comprender la violencia ejercida, es necesario describir la cronología de la operación de difamación:
- La investigación archivada (2015–2017): Todo comenzó con una denuncia que en su momento figuró como anónima, pero que hoy sabemos provino de una dirección de Uruguay Crece Contigo (MIDES), paradójicamente, tras haber solicitado ayuda a Seamos. Esta investigación fue archivada en 2017 por el fiscal Dr. Luis Pacheco.
- La resurrección política (2020): Al asumir la Lic. Bazzano un cargo de responsabilidad en el MIDES, la maquinaria mediática se activó. Se tomó un expediente cerrado y descartado por la justicia para presentarlo como noticia actual.
- El sesgo informativo: Se publicaron más de 38 notas de prensa. Se dio voz a denunciantes con antecedentes penales cuestionables (como el funcionario implicado en la Operación Océano) y se silenciaron las voces de las familias biológicas que declararon bajo juramento estar felices y no haber entregado a sus hijos.
Violencia institucional y daño moral
El ataque no solo buscó la muerte civil de una profesional, sino que desmanteló una red de contención real.La Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, actuando con desidia y sin ética, emitió juicios condenatorios sin siquiera contactar a las partes, actitud que posteriormente les valió una condena judicial y el pago de una indemnización a los profesionales difamados.
La violencia ejercida fue sistémica:
- Política: El pedido de renuncia en bloque por parte de grupos políticos basado en "fake news".
- Mediática: El uso de titulares escandalosos que contradecían el propio cuerpo de la nota y la realidad judicial.
- Social: El estigma que perdura 10 años después, afectando desde la reputación hasta trámites cotidianos como la apertura de una cuenta bancaria, situaciones que terminan sorteándose al conocer a la persona y su real trayectoria, así como el resultado de su última demanda.
Conclusión: el costo de la verdad
La Justicia Civil desestimó la demanda contra el medio de prensa amparándose en la libertad de expresión por más que se reconoció que se informó sobre "aspectos seleccionados" de una causa archivada, la verdad histórica permanece incólume: jamás existió tráfico ni entrega de niños.
Hubo una sociedad civil organizada que llenó los vacíos del Estado para garantizar que una madre con discapacidad pudiera amamantar y criar a su hijo. Quienes atacaron este modelo bajo la bandera de una falsa moral, no solo difamaron a una profesional comprometida, tambien vulneraron el derecho de esas familias a recibir ayuda.
Resumen: los hechos vs. el relato
- ESTATUS LEGAL: La investigación original (2015) fue archivada en 2017 por inexistencia de delito. Se investigó como a cualquier ciudadano que se denuncie, aunque sea anónimamente y sin fundamento. No existe ninguna causa penal abierta ni condena contra la Lic. Bazzano.
- NATURALEZA DE LOS ACUERDOS: Fueron homologaciones judiciales en Juzgados de Familia y no se relacionan con la denuncia. El objetivo explícito en los documentos era evitar la desvinculación (lo opuesto a la adopción/tráfico).
- EL ORIGEN DE LA DENUNCIA: Se originó por una derivación / solicitud de colaboración y posterior disputa interinstitucional (UCC/MIDES vs ONG) y no por quejas de las familias beneficiarias.
- EL ROL DEL ESTADO: El Estado (INAU, Defensorías) estuvo al tanto y participó en los procesos. No fue una operación clandestina; fue una articulación público-privada transparente.
- CONSECUENCIAS: Se condenó judicialmente a la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay por su actuar negligente y difamatorio al emitir juicios sin fundamento.
Comentarios
Publicar un comentario