El Uruguay tiene una rica tradición liberal en muchos aspectos. Fue el primer país de América en permitir el voto femenino en todo su territorio, los hijos naturales tenían los mismos derechos que los “legítimos" y para 1907 el divorcio era legal. Esta tradición no fue acompañada en lo económico.
En 1918 tenemos que el Estado se separaba finalmente de la Iglesia, pero por otro lado, las empresas públicas pasaban a ser parte del mismo. El Estado laico de bienestar batllista incluía un “dominio industrial del Estado”* en el mercado.
Al tiempo que el país incorporaba institucionalidad y bogaba por las libertades civiles también creaba monopolios estatales. Se creía que la producción por parte del Estado de la electricidad, los combustibles, las comunicaciones y el agua potable aseguraría que todos los ciudadanos accedieran a los mejores servicios.
En los 50 y 60 Uruguay “compró” la política de sustitución de importaciones promovida por la CEPAL al tiempo que era campeón del mundo en fútbol y se estiraba la época de la posguerra. Una mezcla que hace que la gente asocie el proteccionismo a un estándar de vida alto pasado. Los resultados económicos de estas políticas están a la vista y dan para otra nota.
Ahora veamos que aportes han dado las empresas estatales y el proteccionismo en Uruguay.
Que haría usted si tiene una empresa que pierde US$ 150 millones por año, que arrastra una deuda de US$ 2.000 millones y cuyos activos no llegan a los US$ 160 millones?, seguiría perdiendo plata? La otra “ventaja” de esta empresa monopólica es que calcula el precio al que le vende los combustibles artificialmente. Es decir que al no tener competencia cobra lo que le parece y es tan así que en Uruguay pagamos los combustibles más caros de América Latina. Usted solidariamente paga un 30% más el precio de los combustibles para mantener una empresa que como vimos le da perdida.
Cuando se habla de “el rico patrimonio de los orientales”, al “defender” las empresas estatales, hay que tener claro que se refiere a patrimonio negativo. Ese patrimonio negativo lo “defendemos” pagando impuestos y sobreprecios.
*Artículo 100 de la Constitución de 1918
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