El triste caso venezolano agrega cada semana un nuevo capítulo a una tragedia que, además del drama que es en sí misma, desnuda las limitaciones políticas de nuestra América, en este caso de las dos, la del Norte y la del Sur.
Cuando la dictadura venezolana exhibía su peor talante, cuando la prisión del Alcalde de Caracas, electo legítimamente por el pueblo, era apresado con insólita grosería, los EE.UU. no encuentran nada mejor que declarar que Venezuela es un peligro para su “seguridad nacional”. Todo con relación a siete funcionarios venezolanos de los servicios de seguridad a los que se les prohíbe entrar a los EE.UU. y manejar fondos, cosa que podía hacerse tranquilamente por la vía administrativa, como en tantos otros casos. Pues no, optan por un decreto presidencial que declara -nada menos- que “la emergencia nacional”, tan trasnochadamente como que el Presidente venezolano los viene acusando desde hace años de todos los males del mundo.
La situación es surrealista. Porque así como ni Papá Noel puede creer que los siete venezolanos son un peligro para la seguridad de Estados Unidos, tampoco es mínimamente creíble que el bueno de Obama invada Venezuela. Desgraciadamente, sin embargo, el decreto presidencial sale a dar pie a que las fantasiosas revelaciones de golpes de Estado, invasiones y atentados que se ha pasado vociferando Maduro, sirvan de pretexto para que, quienes apoyan a su dictadura, carguen las tintas para ese lado.
Y allí llegamos al capítulo de la hipocresía, que en la Unasur ha tenido su privilegiado escenario, cuando se ubica por delante, como el gran problema, la “amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, ignorando todos los actos de hostilidad, agresión e insultos que el propio Presidente de Venezuela ha lanzado sobre los EE.UU. Bien está en rechazar ese tonto decreto norteamericano, pero el mundo entero sabe que el problema de Venezuela no es la sanción a esos siete funcionarios sino la prisión de los líderes opositores, el atropello institucional a las competencias de la Alcaldía de Caracas y a la persona misma de su titular, el cercenamiento abusivo y generalizado de la libertad de expresión del pensamiento, los excesos represivos ante toda manifestación opositora, los muertos en la calle y las cárceles, la subordinación del Poder Judicial a los dictados del gobierno, groseramente expuestos en el caso de la detención del Alcalde Ledezma, a quien ya dio por procesado el propio Presidente de la República, amén del absoluto desquicio de la vida económica y social del país.
Es notorio que en el Mercosur hubo negociaciones y que, quienes condenan la dictadura venezolana, hicieron hincapié en que la situación debe ser “resuelta por los mecanismos democráticos previstos en la Constitución”, “exhortando al más amplio diálogo político con todas las fuerzas democráticas venezolanas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el estado de derecho”. Tibia exhortación, que elude todo “rechazo” o condena a una situación a la que no le falta ya ninguno de los elementos que configuran un estado de facto.
No despreciamos ese esfuerzo, notoriamente minoritario en esta Sudamérica que en los años ochenta reconquistó la democracia, juró una y otra vez que “nunca más”, firmó luego toda clase de compromisos democráticos, y ahora ignora y avala los desbordes de este gobierno venezolano conducido por un hombre autoritario y grosero, que no ha vacilado en insultar soezmente a nuestro Vicepresidente de la República sin que ello mereciera una reacción a la altura del agravio. Lo lamentable es que ni siquiera el Parlamento que preside el señor Sendic ha expresado su solidaridad con él, así como su rechazo a unas palabrotas que son algo más que un “injerencismo intervencionista”, para seguir con ese tortuoso uso de la lengua cervantina puesto de moda en estos días. No se nos escapa que algunos gobiernos (y no excluyo al nuestro) han hecho lo posible por no aplaudir al régimen venezolano, pero no deja de ser triste que un órgano político que pretende ser una instancia mayor en nuestro hemisferio, no tenga nada para decir frente a la violación desembozada de todos los derechos cívicos y humanos.
El Parlamento europeo, la Internacional Socialista, entre otros organismos políticos mundiales, han sido claros y contundentes en la condena a los atropellos de Maduro. Lo mismo puede decirse de toda la prensa democrática, de izquierda, centro o derecha. La excepción lamentable es la de los gobiernos latinoamericanos que se alinean con el régimen venezolano y la de partidos políticos, como el Frente Amplio uruguayo, que traicionan toda su prédica y son arrastrados por las corrientes totalitarias que aún se albergan en su seno. Cuando se recuerda que en el Mercosur se suspendió a Paraguay, por un juicio político a su Presidente, políticamente discutible pero tramitado dentro de la Constitución, más flagrante resulta la inmoralidad de la actual actitud.
Nuestra pobre América no va bien. Se invoca todo el tiempo a la democracia, pero se la juzga con un criterio dual: las dictaduras solo pueden ser de derecha; cualquiera otra, que se proclame de izquierda o insulte a EE.UU., será bendecida aunque practique, como en el caso, todos los métodos del fascismo.
Fuente: El País
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