¿Qué
consecuencias están teniendo las transferencias condicionadas en la
sociedad? ¿Qué relación existe entre estas prestaciones y el
delito en nuestro país?
Desde
fines de los 90, los programas de transferencias condicionadas han
florecido a lo largo y ancho del mundo, pero con fuerte énfasis en
América Latina. Según el Banco Mundial, más de 30 países
implementaron este tipo de programas sociales con diseños similares:
a cambio de la prestación monetaria se exigen contrapartidas de
asistencia a la educación formal y chequeos de salud. Uruguay no fue
la excepción y en abril de 2005 el gobierno lanzó el programa
Ingreso
Ciudadano
orientado a las personas con ingresos por debajo de la línea de
indigencia y en enero de 2008 –en el contexto del Plan
de Equidad–
amplió el número de beneficiarios y el monto entregado, atándolo
con el histórico programa de Asignaciones
Familiares
que existía en el país desde 1942.
Además
del impacto natural de reducir el número de hogares por debajo del
umbral de pobreza y de mejorar la distribución del ingreso, la
evidencia internacional muestra que estos programas suelen tener
impactos positivos en materia de salud y matriculación escolar1.
En el caso de Uruguay, si bien se produjeron resultados positivos en
salud, lamentablemente no hubo impacto en educación.
Los
programas de transferencias condicionadas también pueden tener
efectos no deseados tal como reducir los incentivos a trabajar en el
sector formal, debido al temor de perder la transferencia. Si bien
esto no es cierto en varias experiencias en América Latina, los
estudios en Uruguay sí encuentran algunos efectos negativos en el
mercado de trabajo.
Transferencias
y criminalidad
En
la línea de seguir develando efectos colaterales de estos programas,
en un reciente trabajo de investigación –en coautoría con
Fernando Borraz– analizamos el impacto sobre la criminalidad2.
En particular, presentamos evidencia de que el pago de las
Asignaciones
Familiares
que mensualmente se hace efectivo termina por fomentar actividades
delictivas. Teniendo en cuenta las diferencias socioeconómicas y
todos aquellos otros factores que afectan a la criminalidad, nuestras
estimaciones indican que, en promedio, por cada 1000 beneficiarios se
producen casi 4 robos extras por mes en los barrios que comprenden
una seccional policial. En otras palabras, un 1,5% de los hurtos y
rapiñas en Montevideo se explican exclusivamente por el pago de las
Asignaciones
Familiares.
Desde
los pioneros estudios de Gary Becker (Premio
Nobel de Economía)
de fines de los años 60 existe una amplia literatura en economía
que analiza el comportamiento delictivo desde una perspectiva
racional. En este marco, las transferencias sociales producen un
efecto positivo en los ingresos de los hogares lo que permite
satisfacer determinadas necesidades y reducir así el incentivo a
cometer delitos para obtener los recursos necesarios por el camino
ilícito.
Contrariamente
a lo esperado –y a lo que sucede en el programa equivalente en
Brasil– nuestros resultados indican que el pago de las
transferencias, en lugar de reducir los delitos, los aumenta. Y la
razón es simple: a diferencia de lo que sucede en Brasil, el pago de
las Asignaciones
Familiares
se hace en efectivo y por ende, muchas veces, termina siendo el
“botín” –muy valioso por su liquidez y anonimato
transaccional– de hurtos y rapiñas que se producen con mayor
intensidad en aquellos barrios en donde hay un mayor volumen de
pagos. Los beneficiarios de los programas sociales que acaban de
cobrar en efectivo la prestación se vuelven objetivos especialmente
atractivos de potenciales delincuentes.
Estamos
ante la paradoja perversa de que el medio de pago utilizado en las
asignaciones familiares termina por poner en riesgo la seguridad de
aquellos a los que se busca ayudar.
Para
evitarlo, parece ser clave eliminar el efectivo como medio de pago de
las prestaciones sociales. De hecho, una reciente investigación
realizada en Estados Unidos muestra evidencia de que dejar de pagar
las prestaciones sociales en efectivo y hacerlo con tarjeta de débito
produce una disminución significativa en la cantidad de delitos
callejeros3.
Más
allá del fin que puedan tener los programas de transferencias
condicionadas, lo que nuestro estudio pone de manifiesto es que el
medio –en este caso el medio de pago– también importa y mucho.
Afortunadamente, partir de 2012 existe la posibilidad de que el pago
de las Asignaciones
Familiares
se haga a través de una tarjeta en lugar de que sea en efectivo. Sin
embargo, hoy más del 85% de los beneficiarios siguen cobrando en
efectivo. Con la “Ley de inclusión financiera” se espera que se
generen los incentivos necesarios para que este porcentaje pueda
crecer de forma significativa.
Director
de Centro de Economía, Sociedad y Empresa
IEEM
Escuela de Negocios
Universidad
de Montevideo
Premio Nacional de Economía 2014
1
Shultz, P. (2004): “Scholl Subsidies for the Poor: Evaluating the
Mexican Progresa Poverty Program”, Journal of Development
Economics 74 (1), 199-250.
2
Borraz, F, y I. Munyo (2014): “Conditional Cash Transfers and
Crime: Higher Income but also Better Loot”, Documento de trabajo,
Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, Universidad de
Montevideo.
3
Wright, R., E. Tekin, V. Topalli, C. McClellan, T. Dickinson y R.
Rosenfeld (2014): “Less Cash, Less Crime: Evidence from the
Electronic Benefit Transfer Program”, National Bureau of Economic
Research, Working Paper 19996.
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