Las primeras señales que ha dado el gobierno en materia de política económica han sido auspiciosas.
En materia salarial hay más sintonía de lo que aparentaba haber en el verano, entre las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social. No parece difícil que lleguen a acuerdos sobre las pautas para los Consejos de Salarios, que regirán por dos años, y que tomarán como referencia a la inflación esperada en los primeros y en los segundos 12 meses, en este último caso de 4,5%. Es posible que los eventuales “gatillos” por desvíos al cabo del primer año, para quienes los haya, tengan en cuenta a la inflación subyacente. Habrá tres franjas en función del nivel de ingresos, y se dará preferencia, en los aumentos y los gatillos, a los de la franja inferior. En esta preferencia se mantiene la política de los tres primeros gobiernos del FA. También se mantendría, a la larga, la indexación.
En ese contexto, y asumiendo que el crecimiento esperado de la economía se ubica en torno al 2% anual, cabría esperar que el promedio de los aumentos salariales para el primer año se ubicara en torno a 6% y para el segundo en torno a 5,5%.
Si ese fuera el caso, se trataría de una política salarial consistente con la desinflación proyectada por el BCU.
Donde no parece posible que ambos ministerios coincidan es con relación a dejar sin efecto la medida de la LUC referida a las ocupaciones de los lugares de trabajo. Por lo que cabe esperar que el presidente Orsi laude la cuestión.
En materia fiscal en la Rendición de Cuentas 2024, el MEF proyectó en 4% del PIB el déficit fiscal de 2025, en el ámbito del Gobierno Central más el BPS. Esa cifra se compara con el ya abultado (y alejado de la meta) 3,3% del año pasado y el deterioro entre los dos años se explica por postergaciones de gastos (0,4% del PIB) y adelantos de impuestos (0,1% del PIB). Ajustando los números respectivos por esos desfases, se pasaría de un déficit de 3,8% del PIB en 2024 a uno de 3,5% del PIB en este año, por lo que habría un mínimo ajuste fiscal.
Las autoridades han enfatizado que el proceso de ajuste será gradual a lo largo del quinquenio y que una nueva regla fiscal considerará una magnitud de “deuda prudente” hacia la cual se procurará converger en el mediano plazo, además de mantener los parámetros de corto plazo vigentes, lo que podrá merecer ajustes. Pero para el año en curso el MEF proyecta un aumento significativo de la deuda tanto bruta como neta y ella seguirá subiendo en lo inmediato dado el gradualismo del ajuste referido.
El programa del gobierno prevé énfasis en determinadas políticas, como protección social y seguridad, que inevitablemente requerirán más presupuesto.
Por otro lado, no se ha planteado el aumento neto de impuestos, pero sí es posible que haya subidas y bajadas. Además, se piensa generar ciertos ahorros en la revisión de los regímenes de promoción de inversiones y ganancias de recaudación mediante una mayor eficiencia en la DGI (por ajustes en los incentivos y en la percepción de riesgo del contribuyente).
Del balance de, por un lado, un ritmo de crecimiento económico relativamente escaso (del orden de 2% anual) y las mejorías de recaudación referidas, y, por otro lado, de los compromisos presupuestales señalados, no es obvio que el sendero del resultado fiscal sea el esperado. Falta saber (y esto podría hacer la diferencia) si se ajustará el gasto actual, ya que, así como es razonable que haya cosas nuevas para hacer, también lo es que haya otras para dejar de hacer.
Lo otro que se debe poner entre signos de interrogación consiste en si las nuevas circunstancias mundiales, y las que devendrán en estos años, serán amigables como para tomarnos el tiempo necesario para la convergencia hacia las metas que se planteen. Es cierto que la reputación del país, construida por los sucesivos gobiernos, ayuda, pero también lo es que en determinadas circunstancias críticas “se empareja para abajo” y se (des)califica a una categoría de países más allá de las especificidades de cada uno.
Por último, la política monetaria cambiaria y anti inflacionaria. Desde el inicio, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, “pisó fuerte” en materia de metas de inflación, confirmando al eje del viejo rango meta como la meta (4,5% más y menos 1,5%). También dijo que una vez alcanzada, se irá a una más ambiciosa.
Tolosa ha señalado que se busca que esta vez la desinflación sea más pareja entre transables y no transables, de modo de evitar la apreciación cambiaria característica del pasado. En ese sentido, ha dado señales al Poder Ejecutivo acerca de la relevancia de la instancia salarial por delante. De todos modos, esto no será sencillo, porque algunos de los sectores no transables tienen regulaciones que deben ser ajustadas y eso llevará tiempo.
En la última reunión del Copom, saludablemente, se interrumpió la seguidilla de aumentos en la TPM si bien se argumentó que se acentuaba el carácter contractivo de la política monetaria, porque las expectativas de inflación habían bajado. Consistentemente, tras dicha reunión, en una sucesión de licitaciones de LRM, el BCU procedió a reducir las tasas de corte, algo nada habitual. Aun cuando con la misma TPM (Tasa de Política Monetaria) se pueda ser más contractivo por ser mayor la tasa real, dado que más relevante que ella es la tasa arbitrada a dólares, se atenúa el incentivo al carry trade (de residentes o no, es lo mismo).
Desde esta tribuna siempre he insistido en la necesidad de que la reducción de la inflación no venga acollarada con atraso cambiario y que para ello era necesaria una mayor consistencia entre las políticas económicas, de modo que la monetaria cambiaria fuera menos contractiva y que la fiscal y la de ingresos o salarial fueran más contractivas.
En ese sentido, parece haber buenas noticias en el frente salarial y en el monetario. Y, como vimos, las dudas están principalmente en lo fiscal. Aguardemos la instancia presupuestal para despejarlas o confirmarlas.
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