Democracias degradadas

Votamos, es verdad. Salvo en Cuba, en América Latina votamos en todas partes. ¿Tenemos por ello la democracia que queremos o nos vamos resignando a una legalidad degradada? ¿Resplandece la libertad de expresión del pensamiento? ¿La separación de poderes funciona cabalmente? La intervención del Estado en la economía, ¿es la normal en un Estado de Derecho o, en ocasiones, se confiscan bienes de empresas a las que se llamó para que invirtieran? Las relaciones entre los Estados, ¿poseen la armonía buscada para que la integración no sea simplemente un rótulo?

 

Basta formular estas cuestiones para advertir de qué forma se manosean las instituciones republicanas, aun en nuestra celebrada democracia uruguaya. Los recientes episodios relativos a la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la de caducidad, han sido reveladores de ese desapego a la legalidad y la razón, de esa soberbia oficialista que, con la mayoría absoluta en el Parlamento, cree poder decidir a su antojo. Más que nuestras palabras, las del ministro de Defensa estos días nos eximen de mayores consideraciones cuando aludió al "desastre totalmente previsible" de la inconstitucionalidad de una ley, que se votó "sabiendo que iba a ser declarada inconstitucional"; calificó de "gigantesca estupidez" la propuesta de la senadora Topolansky de realizar un juicio político a la Corte y llegó a afirmar que "nos pasamos por las partes dos plebiscitos para votar ese mamarracho". Más no se puede decir para cuestionar la conducta del Frente Amplio frente a la Justicia uruguaya.

 

Esto ocurre en un país en que invocamos al Estado de Derecho en el mismo instante en que se desprecia alegremente el voto de la ciudadanía, lo que no ocurrió ni bajo la dictadura. Lo que es peor, grupos activos llevan adelante esta embestida en nombre de unos derechos humanos que se dicen defender cuando se están violando groseramente.

 

Nuestro propio Presidente lo reconoció, luego del increíble atentado internacional cometido con el Paraguay, al que se marginó del Mercosur pese a que la sustitución del Presidente Lugo se hizo conforme a la Constitución: "La política está por encima del derecho". La insólita afirmación, que en boca de cualquier otro gobernante de cualquier tiempo hubiera producido una tormenta, allí quedó, flotando en el aire, como una más de sus tantas ocurrencias.

 

El desaguisado con Paraguay ha adquirido ahora aún mayor relieve con la sucesión del fallecido Presidente de Venezuela. En este caso, la clara inconstitucionalidad se ha juzgado convalidada por el Tribunal Supremo, pese a que éste fue integrado, no hace mucho, mediante una alcaldada oficialista. La cabeza del Poder Judicial venezolano es buena; la paraguaya, en cambio, no…

Desde siempre, la política internacional uruguaya actuó con pluralismo y convivió con regímenes no democráticos. Pero ello nunca significó el elogio o el reconocimiento explícito de esa condición despótica.

 

Hoy Cuba es más que amiga, los desbordes venezolanos son celebrados con unción y participamos protagónicamente de una macabra liturgia de poder, a la que no le faltó ni una ovación para recibir al Presidente de Irán, el inverosímil fundamentalista que niega el Holocausto y proclama la necesidad de borrar a Israel del mapa.

 

La reciente reunión de la SIP nos ofreció, además, otra visión -muy penosa- sobre la situación de la prensa en el continente. Y ya se sabe que esa libertad es la garantía de todas las demás. En Venezuela, en Ecuador, en nuestra tan cercana Argentina, se vive un clima de agresión constante.
 

Aquí, en nuestro medio, un día dijo nuestro Presidente que "la mejor ley de medios es la que no existe". Lo hizo cuando ya se estaba elaborando un proyecto que ha seguido dando vueltas y en cualquier momento desembarca. Hoy todo puede ocurrir, pues el propio Presidente, hablando de la adjudicación de las ondas digitales, anticipó que no le dará "nada más" a "la derecha", discriminando así, desde ya, a los medios de comunicación.

 

Desgraciadamente, entonces, en nuestra América Latina, hoy bendecida por la situación comercial más favorable que se recuerde, vuelven a soplar esos vientos populistas y autoritarios que han llegado hasta al asordinado tono uruguayo. Una patota ocupando la Corte de Justicia, la primera senadora, esposa del Presidente, propiciando la "gigantesca estupidez" de un juicio político, son actitudes impropias de partidos democráticos. Por eso no puede ofenderse el partido de gobierno cuando señalamos la débil convicción democrática de algunos sectores que lo integran. No generalizamos, por cierto, pero el país no debe ignorar de qué modo estos grupos movilizan, inducen, amenazan y terminan, en ocasiones, arrastrando a todo el gobierno.

 

Hasta el ministro de Defensa lo reconoce.

 

Julio María Sanguinetti

Fuente: El País Digital