Una vez más Argentina entra en default, o cualquier otra palabra que se quiera inventarse para decir que no estamos en default, y la culpa dicen que es de los acreedores. Los populistas suelen decir que no se va a pagar la deuda con más ajuste y sufrimiento del pueblo. En rigor, esos mismos populistas fueron los que endeudaron a la Argentina para financiar sus políticas populistas y tratar de ganar votos.
El fondo del problema es que Argentina es como ese jefe de familia que gasta compulsivamente usando la tarjeta de crédito hasta que un día se agota el cupo de financiamiento. Cuando llega el momento de pagar, no tiene ni ingresos ni activos para vender y cancelar su deuda y culpa al banco por haberle prestado. Es cierto que parte de la culpa es del acreedor por no haber analizado la capacidad de repago que tenía el deudor, pero eso no quita que el deudor no sea un gastador compulsivo, que gasta permanentemente por encima de sus ingresos.
En definitiva, el problema de la deuda pública argentina y su imposibilidad de pago tiene que ver con un Estado que gasta más de lo que le ingresa en impuestos. Los gobiernos argentinos han recurrido a todo tipo de financiamiento. Aumentos de la presión impositiva, endeudamiento interno, endeudamiento externo y, por supuesto, el impuesto inflacionario que terminó destruyendo 5 signos monetarios, teniendo en cuenta que el peso actual no sirve como moneda.
El gráfico muestra la cantidad de acuerdos firmados con el FMI de acuerdo al signo político, de acuerdo a datos del Banco Central. De los 29 acuerdos que se firmaron, 9 fueron de gobernantes del PJ: es decir, el 31% del total de los acuerdos firmados desde que Argentina ingresó al FMI, en 1956, los tomaron gobiernos peronistas. Por montos, el de mayor volumen fue el de Mauricio Macri, que llegó a un acuerdo de 40.714 millones de derechos especiales de giro (DEG), lo cuales fueron desembolsados 31.913 millones de DEGs contra los 19.420 millones que obtuvo el PJ. Estos datos son en valores corrientes, si se los ajusta por inflación de EEUU, la diferencia en términos reales está en el orden del 30% a favor de PJ. Así que el PJ no puede señalar con el dedo a otras fuerzas políticas y a los militares por los acuerdos con el FMI porque fue el partido político que más acuerdos firmó con el organismo, y por montos que se ubican en segundo lugar luego del de Macri.
Pero en todo caso, las deudas que tomaron los diferentes gobiernos con el FMI fueron para salir de situaciones críticas por desajustes fiscales, a lo que hay que agregarle la deuda colocada en el mercado voluntario.
El problema de la deuda pública argentina y su imposibilidad de pago tiene que ver con un Estado que gasta más de lo que le ingresa en impuestos. El punto a tener en cuenta hacia el futuro no es si Argentina vuelve a caer en default. El punto a debatir es por qué sistemáticamente Argentina cae en default y, además, destruye su moneda, confisca ahorros internos como fue el plan Bonex, pesifica los depósitos en dólares y confisca los ahorros en las AFJP como ocurrió durante el gobierno de los Kirchner.
La historia argentina es de continuos déficits fiscales producto de aumentos del gasto público para hacer populismo. Ese aumento del gasto público se disparó a partir del 2003 y en particular en el 2007 generando 17 puntos de aumento del gasto sobre el PBI respecto a los promedios de los 80 y de los 90 cuando, con un gasto público consolidado menor, tampoco se pudo financiar sin entrar en déficit fiscal.
¿Si Argentina entra nuevamente en default, se frenan las inversiones? No, porque la tradición de inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad es tan marcada en nuestro caso, con el Estado que castiga al que produce como si fuera el enemigo, que ya con la presión impositiva vigente es impensable atraer inversiones. Si a eso se le suma la maraña de regulaciones que frenan las inversiones y encima tenemos al diputado Carlos Heller aplicando el impuestos a las “grandes fortunas” y a la diputada Fernanda Vallejos diciendo que hay que estatizar parte de las empresas que recibieron ayuda del Estado –ayuda que recibieron porque fue el mismo Estado el que le dijo a las empresas que no podían trabajar, pero igual tenían que seguir pagando los sueldos y no podían echar a nadie– el cocktail anti inversiones es gigantesco y nos condena a la pobreza más absoluta.
La tradición de inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad es tan marcada en nuestro caso, con el Estado que castiga al que produce como si fuera el enemigo, que ya con la presión impositiva vigente es impensable atraer inversiones. En definitiva, no va a ser el default el que nos lleve a sumergirnos en una mayor decadencia, sino que son las reglas de juego de un populismo que, para captar votos, destroza la economía y empobrece a la gente.
Cuando los políticos dicen que no se puede pagar la deuda pública con el hambre del pueblo, en rigor no dicen que el hambre del pueblo no se produce por la deuda que toma el estado, sino que se produce por sus políticas pro cultura de la dádiva y contrarias a que trabaja, emprende, arriesga y genera riqueza.
La pobreza de la gente es la estrategia política del populismo para mantener clientelismo político y la deuda es consecuencia del gasto desmesurado para darle pan y circo, durante un tiempo, a ese pueblo que cada vez depende más del estado para recibir una limosna del puntero político.
Fuente: INFOBAE (Argentina)
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